La correcta gestión de las ciudades es un requisito fundamental para hacer frente a las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos que, dado el calentamiento global que experimenta el planeta, probablemente serán cada vez más frecuentes. Se requiere una acción estatal más eficaz, incluida la jurisdicción, especialmente en el rescate de los desplazados por el medio ambiente y el clima, la protección de sus bienes y el mantenimiento de los derechos individuales y sociales. Los espacios urbanos deben estar preparados para la ocurrencia de fenómenos extremos. La tramitación del Proyecto de Ley 1.594/2024 en la Cámara de Diputados, que establece la Política Nacional para Desplazados Ambientales y Climáticos (PNDAC), estableciendo directrices para que las autoridades públicas promuevan la protección de los afectados por eventos climáticos, no es suficiente para garantizar la protección de los afectados por tales eventos. Es necesario aceptar que el componente ideológico, que determina la forma como se produce el derecho, también debe ser tomado en cuenta en el ámbito jurisdiccional, so pena de emitir una ley condenada a la ineficacia.