El presente trabajo persigue-sin pretender agotar el tema y considerando su valor jurídico-demostrar que con una reforzada actuación de los operadores del Derecho que realizan funciones de asesoramiento jurídico, se pueden reducir las manifestaciones de corrupción, ilegalidades y hechos delictivos que se suscitan en el seno de las personas jurídicas asesoradas desde los Bufetes Colectivos.
Uno de los planteamientos de los Afiliados a la Organización de los Juristas Cubanos en los últimos espacios, en sus correspondientes análisis, es precisamente lo relacionado con la combatividad de los asesores y consultores jurídicos, así como abogados, en el enfrentamiento a las ilegalidades que se cometen en las entidades laborales, las que no siempre han estado en correspondencia con la magnitud de las violaciones que se detectan en auditorías y verificaciones fiscales, cuya pasividad puede dar lugar a situaciones de mayor gravedad y ponen a prueba, una vez más, la responsabilidad de la labor que se realiza, unida a los valores y principios revolucionarios defendidos.
Por otra parte los sujetos del asesoramiento jurídico a quienes se les brinda servicios legales, en virtud del novedoso Decreto - Ley No. 349, no están exentos de la situación anteriormente referida y en tal sentido se ampara y fundamenta legalmente en lograr un asesoramiento jurídico oportuno y con calidad, lo que constituye una garantía fundamental para alcanzar la seguridad jurídica de la que dimana el fortalecimiento del sistema socialista y la satisfacción cada vez mejor de las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos.