La neuropsicología clínica, como disciplina que estudia la relación entre el cerebro y la conducta en contextos aplicados en tanto éste presente atipicidades en su desarrollo o gestión, enfrenta importantes desafíos éticos derivados de su carácter interdisciplinario, el uso de pruebas especializadas, y la frecuente atención de personas con compromiso en sus capacidades cognitivas. El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar los principales hallazgos recientes sobre la ética en la práctica neuropsicológica en Chile y su eco en América Latina, identificando vacíos regulatorios, buenas prácticas emergentes y recomendaciones derivadas del análisis de literatura científica, documentos institucionales y códigos de ética profesional. A través de una revisión documental centrada en los últimos diez años, se constata que la región carece de lineamientos específicos adaptados a la práctica neuropsicológica que unifiquen esta práctica, utilizándose en su lugar códigos generales de psicología clínica. Esta ausencia de normativas diferenciadas se ve agravada por el uso frecuente de instrumentos neuropsicológicos no validados para la población local, lo que implica un riesgo ético al comprometer la validez diagnóstica, especialmente a nivel sanitario o jurídico. A nivel internacional, se identifican avances significativos promovidos por asociaciones como la American Psychological Association (APA), o la International Neuropsychological Society (INS), que abordan de forma directa dilemas propios de la neuropsicología. Las recomendaciones que emergen de esta revisión apuntan a la necesidad urgente de construir un código ético específico para neuropsicólogos, con énfasis en el respeto por la autonomía de pacientes con deterioro cognitivo, la utilización de pruebas con respaldo empírico-cultural, la formación continua en ética aplicada y el desarrollo de criterios éticos diferenciados para contextos forenses, clínicos y de investigación. En conclusión, la práctica neuropsicológica en Latinoamérica requiere avanzar hacia una regulación ética más sólida y contextualizada, que permita responder adecuadamente a las complejidades inherentes del trabajo con funciones cognitivas, personas en situación de vulnerabilidad y sistemas institucionales que pueden entrar en tensión con los principios fundamentales del quehacer clínico.