En el nuevo contexto económico, político y social que vive Cuba, enmarcar las nuevas funciones constitucionales encargadas a los municipios conforme a la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden, significa revisar necesariamente la actuación de las Asambleas Municipales del Poder Popular y la efectividad social de la gestión pública encargada a los Consejos de la Administración Municipal. Como objetivo general, verificar la existencia de presupuestos metodológicos y jurídicos en la concepción de proyectos de desarrollo local y la inclusión de actores privados y de inversores externos, garantiza un mayor financiamiento y desarrollo sostenible de los municipios cubanos, siendo a su vez punto de partida para el estudio doctrinal y jurídico del desarrollo local y el papel que juegan los gobiernos en la adopción de políticas públicas donde se logren estrategias de diseños, de diagnóstico territorial y de consulta como un medio para promover el diálogo social y la participación de la población, agenciados de un lado, por la contribución activa de la Administración Pública, al aportar la totalidad de los ingresos provenientes de las ventas de bienes y la prestación de servicios a la rehabilitación y construcción del territorio, en respuesta de los planteamientos o sugerencias de la comunidad para fortalecer el medio, y de otro, mediante la obtención de recursos físicos, económicos, financieros, tecnológicos, socio-culturales, por medio de la inclusión paulatina de actores privados y de inversores externos.