El municipio constituye la instancia primaria y básica en la estructura territorial y administrativa del Estado. En él radican las instancias de poder y de gobierno más cercanos a la ciudadanía, por tanto hacia ellas convergen gran cantidad de reclamos y demandas de la población. La descentralización a favor de los municipios permite que estos adquieran una mayor responsabilidad y protagonismo en la adopción de decisiones dirigidas a dar respuesta a dichos reclamos. La principal expresión de la descentralización es la autonomía municipal, que dota a esta instancia de personalidad y capacidad jurídica para desempeñar sus competencias y atribuciones, y la faculta para disponer de sus ingresos, elegir y designar sus autoridades, dictar acuerdos y disposiciones legales sobre asuntos de interés municipal, con las limitaciones que le impone ser parte de un todo que es la nación. Este principio no estaba reconocido en la Constitución de 1976. La nueva Constitución de 2019 contiene preceptos novedosos respecto al municipio, que tienen como premisa fundamental el reconocimiento de su autonomía. En su articulado se declara expresamente el alcance de este principio y se establecen nuevos mecanismos de democracia local. Estas nuevas regulaciones significarán importantes oportunidades para el despliegue de la participación ciudadana, así como también implicarán importantes retos, frente a las prácticas preexistentes marcadas por el centralismo y el verticalismo. El objetivo de esta ponencia es valorar dichas oportunidades y retos.