El estudio del Derecho Administrativo sancionador desde un espacio autónomo del Derecho se apoyaba en instituciones desarrolladas por el Derecho penal, trasladándose de esta manera la mayoría de estas instituciones al Derecho Administrativo. Influyen en esta área las posiciones que delimitan el procedimiento específico que responda al interés de ius puniendi. Sin embargo, la implementación de los procedimientos, en el marco del Derecho Administrativo sancionador, en que se imponen sanciones deben encontrarse reguladas de tal forma que se asegure el respeto de los Derechos Fundamentales. Dentro de este grupo de postulados, el principio de presunción de inocencia, reconocido como un mega principio, constituye un referente importante dentro del procedimiento administrativo sancionador. El autor propone con la ponencia, realizar un estudio sobre la importancia y eficiencia de la presunción de inocencia como principio regulador del Derecho punitivo, en el espacio del Derecho Administrativo sancionador. También la ponencia comprende un análisis del funcionamiento del Decreto–Ley 232 de fecha 21 de enero del 2003, ¨Sobre confiscación por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción con otros comportamientos ilícitos¨. Esta normativa en la actualidad continúa vigente y con una implementación casi cotidiana.