En esta investigación se presentan de forma sintetizada, algunos consideraciones jurídicas relacionadas con la sentencia N° 34-19-IN/21 y acumulados expedida por la Corte Constitucional del Ecuador en la cual se declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la no punibilidad del aborto en el caso de que el embarazo de la mujer haya sido consecuencia de una violación. En atención a lo anterior, el objetivo es analizar a la luz del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la referida decisión judicial. Se trata de una investigación teórica, jurídica y analítica. La Corte Constitucional en su decisión fijó parámetros mínimos que deben seguir los jueces y que deben ser observados por la Asamblea Nacional al momento de debatir sobre la ley que desarrolle esta temática, limitando también su competencia en cuanto a que se determina expresamente en estos parámetros, parte de lo que debe hacer este órgano deliberativo, en razón de lo que debe exigírsele a las presuntas víctimas de violación, para que se demuestre esta causal de no punibilidad prevista en el artículo 150.2 del COIP. Lo anterior resulta discutible a la luz del principio democrático de división de poderes, así como contrario a la protección de la vida del nasciturus desde el momento de la concepción, conforme a lo dispuesto en la norma fundamental ecuatoriana.