La sanción de servicio en beneficio de la comunidad surge como una alternativa a las penas tradicionales, buscando la reparación del daño a través del trabajo social. Sin embargo, su implementación enfrenta condicionamientos socio institucionalmente que limitan su efectividad. Un enfoque que considere la dimensión comunitaria y los contextos específicos es esencial para garantizar que las sanciones no solo sean vistas como medidas punitivas, sino como herramientas de justicia que promuevan la paz y el desarrollo sostenible en las sociedades afectadas. Desde una perspectiva de gobernanza con participación popular, esta sanción puede trascender su carácter punitivo para convertirse en un mecanismo de inclusión y fortalecimiento comunitario, desarrollando conciencia crítica respecto al comportamiento del sujeto y a su vez a la percepción y actitud comunitaria sobre determinados hechos.
En esta investigación, se explora cómo el servicio comunitario, en lugar de ser una imposición unilateral, puede integrarse a procesos de decisión colectiva, donde la comunidad participe en el diseño, aplicación y evaluación de las sanciones. Esto implica superar desafíos como el desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de su cumplimiento y control, falta de recursos, la resistencia institucional y la percepción ciudadana de que estas medidas son insuficientes. No obstante, también presenta oportunidades: fomenta la corresponsabilidad, reconstruye el tejido social y promueve una justicia más restaurativa que retributiva.  
Replantear el servicio comunitario desde la gobernanza local permite superar sus limitaciones actuales, integrando justicia y desarrollo mediante la participación activa de la comunidad.