Durante más de medio siglo el sistema político cubano se ha configurado con altos niveles de centralización que generan prácticas asistencialistas y verticalistas desde las estructuras superiores de dirección hacia las bases de la sociedad que han originado en el otro de la relación de dirección habitus de pasividad y espera por las orientaciones provenientes de tales estructuras. El escenario de autonomía municipal que surge en 2019 con la nueva Constitución de la República es asumido por sujetos (gubernamentales y comunitarios) con aprendizajes adquiridos de tales prácticas. Ello demanda superar el voluntarismo de suponer que basta con proclamar algo para que ya exista, de ahí la necesidad de institucionalizar la participación que corresponde a tal autonomía como requerimiento de gobernanza, lo cual pasa por diferenciar lo que corresponde a cada sujeto implicado en los proyectos donde cobra vida el ejercicio de las competencias que corresponde a cada municipio cubano. Con la nueva Constitución se da un salto cualitativo en la regulación de la autonomía y la democracia municipal en el camino hacia una mayor descentralización del Estado, declarada esta última como una necesidad para el país desde la política